Durante casi tres años, el Consejo General de la Abogacía Española ha liderado protestas de los diversos colectivos jurídicos para exigir la retirada de las tasas judiciales, por considerarlas inconstitucionales y ser, en todo caso, injustas y desproporcionadas. La contestación social y profesional ha sido unánime, además el Tribunal Constitucional podría aceptar, total o parcialmente, los argumentos de los cinco recursos inconstitucionalidad interpuestos actualmente, así como estimar las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que consideran que las tasas son un impedimento innecesario e injustificado para obtener el derecho a la tutela judicial efectiva.

Desde el punto de vista subjetivo, actualmente y tras la reforma introducida, se encuentran exentos del pago de la tasa judicial:

a)&nbsp&nbsp&nbsp Las personas físicas.

b)&nbsp&nbsp&nbsp Las personas jurídicas a las que se le haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos:

  • Que se traten de Asociaciones declaradas de Utilidad Pública o de Fundaciones inscritas en el Registro administrativo correspondientes.
  • Que su base imponible en el Impuesto de Sociedades sea inferior a la cantidad equivalente al triple del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) en cómputo anual.

c)&nbsp&nbsp&nbsp El Ministerio Fiscal, la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos públicos dependientes de todas ellas.

En cuanto a las exenciones objetivas de la tasa están incluidos los siguientes supuestos:

  1. Interposición de demanda y presentación de recursos en procedimientos establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas.
  2. La solicitud de concurso voluntario por el deudor.
  3. La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere 2.000 €. A excepción de la pretensión basada en un documento con carácter de título ejecutivo extrajudicial.
  4. La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.
  5. La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas arbitrales de Consumo.
  6. Las acciones en interés de la masa del concurso que interpongan los administradores concursales previa autorización del Juez de lo Mercantil.
  7. Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se presente oposición o exista controversia sobre la inclusión o no de bienes.

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